El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) y Greenpeace España presentaron el pasado viernes, 10 de julio, un recurso contra el Plan Nacional Transitorio para Grandes Instalaciones de Combustión (PNT) ante la Comisión Europea

Madrid – 16 JUL 2015 – INT

Denuncian que se ha aprobado en un escenario de absoluta falta de transparencia, sin la participación pública que exige el Convenio de Aarhus y, además, parte de su contenido contraviene la normativa de la Unión Europea.

Este Plan regula el funcionamiento de 34 instalaciones industriales, de las cuales 24 usan el carbón como combustible, bien como fuente principal o bien como fuente accesoria. Por ello, ambas organizaciones consideran este caso especialmente grave, ya que la quema de carbón genera graves problemas en la salud (1) por sus emisiones tóxicas de mercurio, óxidos de azufre y otros elementos y a la vez es la principal responsable de las emisiones de CO2 que provocan el cambio climático.

«El Plan Nacional Transitorio hace todo lo contrario a las medidas urgentes que necesitamos tomar para evitar los peores impactos del cambio climático y deja a España, una vez más, a la cola en esta lucha a escasos seis meses de la cumbre del clima en París», ha declarado Tatiana Nuño responsable de la campaña de cambio climático de Greenpeace. “Allí el próximo diciembre los gobernantes de todo el mundo deben llegar a un acuerdo internacional que garantice que las emisiones se reducen a cero y que se establezca un sistema energético basado al 100% en energías renovables no más tarde del año 2050”.

central termica carbon

 

La Comisión Europea aprobó el PNT que hoy recurren Greenpeace y el IIDMA el pasado 29 de mayo. España lo había presentado en octubre de 2014, después de que la CE hubiera rechazado el primer Plan en 2013.

La Directiva europea sobre las Emisiones Industriales (DEI) establece que las 34 instalaciones españolas incluidas en el Plan quedan exentas de cumplir los límites de emisiones fijados en esta Directiva desde el 1 de enero de 2016 hasta el 30 de junio de 2020 para el dióxido de azufre, el óxido de nitrógeno y las partículas atmosféricas.

Entre ellas, se encuentran 24 instalaciones que emplean carbón como combustible, que podrán contaminar por encima de los límites fijados por la DEl durante esos tres años y medio hasta el 30 de junio de 2020.

Greenpeace e IIDMA señalan que con este PNT, parece que el Gobierno de España da la espalda y hace oídos sordos ante las recientes declaraciones y acuerdos climáticos en el mundo: la última reunión del G7, donde los 7 países más industrializados aprobaron un texto en el que reconocen la necesidad de la eliminación gradual del carbón; la Agencia Internacional de la Energía que reconoce en su último informe especial sobre cambio climático que el carbón pronto pasará a la historia; el Papa Francisco recordando en su primera Encíclica que hay que reemplazar las tecnologías basadas en combustibles fósiles e incluso la petición a España de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de que suprima las ayudas al carbón.

Además de la falta de transparencia y participación pública establecidos en el Convenio de Aarhus, destacan los siguientes incumplimientos del PNT español (para ver la información completa y el recurso, consultar el documento íntegro):

– Incompatibilidad del PNT con la denominada “exención por vida útil limitada” y transposición incorrecta de la Directiva europea de Emisiones Industriales: en España existen instalaciones que, de forma irregular, están sometidas al mismo tiempo a dos exenciones: tanto al PNT como a la exención por vida útil limitada (una segunda vía para las centrales que cerrarán en 2023), y podrán permanecer así hasta octubre de 2015. Según la DEI y la Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se establecen las normas relativas a los planes nacionales transitorios, las instalaciones de combustión no pueden estar sometidas a ambas exenciones y se deben eliminar del PNT una vez que la autoridad competente haya sido notificada por el titular de la instalación.

Instalaciones situadas en o próximas a zonas Natura 2000: las centrales térmicas de Anllares, Soto III y Litoral se encuentran situadas en o próximas a zonas Natura 2000. Debido a las singulares características de estos lugares, la Directiva Hábitats exige que cualquier plan que pueda afectarlos de manera apreciable deberá ser sometido a una evaluación adecuada, algo que no se ha hecho.

Instalaciones en zonas que infringen la calidad del aire de acuerdo con la Directiva de la Calidad del Aire Ambiente (2008/50/CE): en el PNT se incluyen dos centrales térmicas, Besós 3 (Barcelona) y Aboño (Gijón) ubicadas en zonas metropolitanas cuyos valores de los tóxicos óxidos de nitrógeno partículas atmosféricas son superiores a los permitidos por la Directiva de Calidad del Aire Ambiente. La contaminación provocada por estas instalaciones no contribuye a que estas zonas cumplan con los objetivos establecidos en la normativa europea.

«Los incumplimientos del derecho de la UE por este plan nacional transitorio son numerosos por lo que nos llama la atención que la Comisión Europea lo haya aprobado y, por ello, este recurso de revisión ante la propia Comisión, algo necesario en un estado de derecho», ha declarado Ana Barreira, directora de IIDMA.

Si España dejara de generar energía con carbón no conllevaría ningún problema de desabastecimiento energético, dado que en la actualidad el país cuenta con una potencia instalada de 108.143 MW y la potencia instalada en base a la combustión de carbón es de 11.482 MW.

Esto convierte a España en el quinto país de la UE con el mayor índice de producción de energía con carbón. Sin embargo, a pesar de toda esta potencia instalada, en 2014, el día 11 de enero, cuando se produjo el pico de demanda horaria en la península, solo fueron necesarios 44.122 MW de potencia, mientras que en las Islas Baleares el pico de demanda horaria se produjo el 23 de octubre, llegando a consumir 1.365 MW. Ambos valores muestran la sobrecapacidad de potencia instalada que ponen de manifiesto la viabilidad de abandonar el carbón, máxime cuando las centrales térmicas de gas están muchas de ellas paradas, cerradas o en proceso de cierre, y las energías renovables han visto frenado bruscamente su crecimiento por la reforma energética del Gobierno.