En La Oroya, un complejo metalúrgico arroja polución durante todo el día, exponiendo a los residentes de esa ciudad ubicada en los Andes peruanos a contaminantes tóxicos como el arsénico, el cadmio, el plomo y el dióxido de azufre

Lima – aida-americas.org – 7 NOV 13

El impacto en la salud es enorme. Los residentes sufren de anemia, cáncer, diarrea, daños respiratorios irreversibles y retraso en el crecimiento, sólo por nombrar algunas enfermedades.

Algunos pobladores quieren cambiar esta situación y AIDA los está ayudando a buscar las vías legales para lograrlo.

Hace aproximadamente una década, más de 60 residentes se unieron para luchar por su derecho a gozar de un ambiente limpio y sano, el cual había sido violado de forma manifiesta cuando el Estado falló en regular las operaciones del complejo. La primera batalla legal se ganó en 2006 cuando el Tribunal Constitucional peruano ordenó al Ministerio de Salud hacer cumplir la ley y adoptar medidas para proteger el ambiente y a la población de La Oroya: aproximadamente 33,000 personas.

Pero las autoridades no cumplieron y la crisis de salud continuó: en cierto momento, los niños y niñas llegaron a tener tres veces más plomo en su sangre que el nivel máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud.

Trabajando en coordinación con AIDA y otras organizaciones, los residentes solicitaron protección a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En 2007, la CIDH, organismo internacional que promueve y protege los derechos humanos en el continente americano, pidió a Perú realizar acciones para evitar daños irreversibles a la salud, la integridad y la vida de los habitantes de La Oroya.

¿Cuál fue la respuesta? Al principio, no fue más allá de una atención médica irregular a las víctimas. Pero AIDA continuó presionando al Estado para que implemente las medidas cautelares requeridas por la CIDH para proteger la vida y la salud de los beneficiarios.

Sin embargo, la regulación de las actividades de la fundidora y la protección del ambiente son aún tareas rezagadas y los habitantes de La Oroya siguen sufriendo. El único alivio llegó cuando los dueños del complejo metalúrgico tuvieron que cerrarlo por tres años para recuperarse de problemas financieros. En 2012, con un nuevo operador y una renovada demanda global por plomo y zinc, la fundidora reinició su producción y una vez más sometió a la población a sus emisiones tóxicas. Esta tendencia puede empeorar en los próximos años ya que la planta se prepara para restablecer la producción de cobre en 2016.

¿Terminará algún día la crisis de salud?

AIDA y sus socios regionales han instado enérgicamente a la CIDH a determinar la responsabilidad del Estado peruano por las violaciones de derechos humanos de un grupo de pobladores de La Oroya, las cuales van desde el derecho a la vida, la integridad física, el acceso a la información, las garantías judiciales y el debido proceso. AIDA también ha instado a la CIDH a emitir recomendaciones al Gobierno peruano para proteger adecuadamente la vida y la salud, y hacer cumplir los estándares de calidad del aire. El incumplimiento de esas recomendaciones se traduciría en una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual juzga casos de violaciones de derechos humanos en el continente americano.

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