A la vista de la sentencia del Tribunal Constitucional conocida el pasado miércoles, SEO/BirdLife celebra la situación de retorno a la legalidad en lo que se refiere a la isla de Formentera, cuyo nivel de protección no se verá ya perjudicado, al anularse la Disposición adicional cuarta de la Ley de Reforma en lo que a esta isla se refería

Madrid – 16 NOV 2015 – Redacción

Asimismo, aplaude  que el Tribunal Constitucional haya declarado inconstitucional el reintegro de dominio de las propiedades privadas situadas en zonas de Dominio Público Marítimo Terrestre que hubiesen sido ya deslindadas.

La Sentencia impedirá también que se excluyan del dominio público marítimo-terrestre de manera automática los terrenos correspondientes a los núcleos de población que se pretendían en la reforma. Para que estas exclusiones puedan tener lugar, habrá de procederse al deslinde y a la justificación cuidadosa de su posible desafectación.

Formentera (Islas Baleares)

Formentera (Islas Baleares)

Sin embargo, el Tribunal declara constitucionales otros aspectos, como la delimitación del Dominio Publico marítimo terrestre o la prórroga de las concesiones prioritarias que, desde el punto de vista ambiental y social, son de máxima prioridad. Eso sí, al mismo tiempo, indica  el amplio margen del que dispone el legislador para fijar estos aspectos de acuerdo con sus propios principios políticos. En este sentido, Asunción Ruiz, directora ejecutiva de SEO/BirdLife considera que “una norma sea constitucional no mide su bondad, sino que esta es compatible con la Constitución”.

SEO/BirdLife reclama una verdadera concepción protectora de las costas españolas en beneficio del común de los ciudadanos, de la conservación de la biodiversidad y que atienda a los efectos del cambio climático. Por tanto, espera que el nuevo gobierno que salga de las urnas retome estos aspectos prioritarios.

Asunción Ruiz concluye que “la ley de Costas podrá ser en su mayor parte constitucional, pero resulta insuficiente para el medio ambiente y para los españoles. El amplio margen del que dispone constitucionalmente el legislador debe servir para asegurar el patrimonio de todos: la conservación de nuestro litoral y su defensa ante los efectos del cambio climático”.